ECUADOR: REFLEXIONES SOBRE EL CONFLICTO SARAYACU–CGC

En el centro de la Amazonía ecuatoriana se libra, desde 1996, una pugna entre la pequeña población kichwa de Sarayacu y la empresaargentina Compañía General de Combustibles (CGC) que adquirió en ese añolos derechos de explotación petrolera en el espacio conocido como"bloque 23".

La comunidad de Sarayacu, cuyo nombre legendario significa "Río demaíz”, abriga a unos mil indígenas que defienden su derecho a mantenerel bosque virgen en una extensión de 135 mil hectáreas.

El conflicto ha alcanzado ribetes violentos. Una minoría indígena seinclinó en favor de la petrolera a cambio de unos 200 mil dólares decompensación en obras comunitarias y ha realizado varios ataques armadoscontra la dirigencia de Sarayacu. Entretanto, el gobierno presidido porel coronel Lucio Gutiérrez (hijo de colonos amazónicos) ha ofrecidomilitarizar la región para asegurar la presencia de la CGC.

Pero se trata de algo más que una disputa por petróleo. Allí se pone enjaque la vigencia de una concepción de Ecuador como una nación y unEstado unitarios y homogéneos, que ignoró históricamente la existenciade las naciones indias.

Sólo la decisión de Sarayacu de proclamarse como Territorio Autónomo dela Nación Originaria del Pueblo Kichwa es ya un modo de reivindicar unahistoria propia y negar la imposición de otra ajena; es ya un acto de"subversión".

Allí entran en juego no sólo las metas económicas de un régimen urgidopor petróleo para "hacer honor" a la deuda externa de alrededor de 15mil millones de dólares, sino la estructura político-administrativa delpaís y una democracia que no entiende la dimensión de las autonomías yla autodeterminación planteada por las organizaciones indígenas de laAmazonía.

Y si algún sector ha defendido esa concepción del Estado unitario hasido el militar, que hoy encabeza el gobierno y la política petroleraecuatorianos.

A pesar de la visibilidad y presencia determinante que alcanzó elmovimiento indígena, la sociedad dominante sigue subestimando lasposibilidades de un futuro que se apoye en la explotación sustentable derecursos, que ha sido practicada durante siglos por pueblos ancestralesy que ha permitido que regiones como Sarayacu conserven en un noventapor ciento su condición de mayor reserva de bosque nativo en Ecuador.

El problema de Sarayacu es visto como una nostalgia ancestralista queobstaculiza la extracción de la riqueza petrolera. Y la exigencia de lacomunidad de que su territorio (cuya legalización fue arrancada alEstado ecuatoriano en 1992) sea excluido a perpetuidad de los bloquespetroleros y reconocido como zona de interés biológico, constituye unaamenaza para esa visión unilateral.

Cada cierto tiempo, la CGC vuelve a intentar la reanudación de suexploración sísmica. En dos ocasiones, la administración de Gutiérrez haintentado presionar al pueblo de Sarayacu.

En mayo de 2003 lo amenazó. En diciembre volvió a hacerlo. Ha expedidoórdenes de captura contra los dirigentes indígenas, que sólo han podidodesvirtuarse por la intervención de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos.

El caso de Sarayacu permite reflexionar sobre dos aspectos sustanciales:la racionalidad de intensificar la explotación petrolera que hadevastado enormes zonas de selva, sin haber permitido un progreso en lascondiciones de vida de los ecuatorianos; y la necesidad de comenzar apensar y construir un país fundado en la plurinacionalidad y lainterculturalidad, sin prejuicios ni imposiciones.

El interrogante que se abre, sin embargo, es si una lucha de un pequeñopueblo, en una región secularmente aislada por el Estado, va a modificarel modo como una república se ha conducido por cerca de dos siglos.

Hay una Constitución que reconoce los derechos ancestrales de lasnaciones indias sobre sus territorios. ¿Entenderá la realidad lospreceptos escritos en una Constitución?

De todos modos, los meses que vienen serán cruciales para la resistenciade Sarayacu. De lo que ocurra allí, uno de los centros históricos demayor poder del universo kichwa a dos días de viaje fluvial de Puyo,capital de la provincia de Pastaza, van a depender los términos con queel Ecuador continúe su política petrolera y minera en la Amazonía.


 

 

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